En la sesión del miércoles 4 de julio, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al “Régimen de integración socio-urbano y regularización dominial”. Se trata de una ley que permitiría expropiar tierras y urbanizar más de cuatro mil barrios populares, villas y asentamientos de todo el país. El proyecto fue presentado por el bloque de Cambiemos pero es impulsado desde hace tiempo por diversas organizaciones sociales, y cuenta con el respaldo del oficialismo y la oposición.
Alrededor de 3,5 millones de personas que viven en barrios populares de todo el país y sufren problemas en el acceso a la tierra y la vivienda se verían beneficiadas por esta ley, ya que la misma contempla la urbanización y la regularización de la tenencia de la tierra de los territorios que fueron incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
Este registro, creado por el Decreto 358/17, abarca casi 4500 barrios populares, es decir lugares que incluyen un conjunto de al menos ocho viviendas, sufren la falta de acceso de al menos dos servicios básicos (redes de agua, energía y cloacas) y la mayoría de sus habitantes no tienen título de propiedad del suelo. El relevamiento para llegar a este registro fue realizado por miles de militantes que integran la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios De Pie, la Corriente Clasista Y Combativa (CCC), TECHO y Cáritas Argentina.
En cuanto a la urbanización que contempla esta ley, la misma declara que deben coordinarse los esfuerzos para lograr la integración de los barrios populares a través del acceso a los servicios básicos, lo que implica, por ejemplo, que un barrio sea incluido en el área programática de un centro de salud y sus vecinos tenga acceso real a ese derecho. Además, desde las organizaciones sociales subrayan que según la legislación la infraestructura que se construya en los barrios populares sería llevada adelante en un 25% por cooperativas de la economía popular, que en muchos casos son los propios vecinos del lugar que ya vienen realizando este tipo de trabajos y que podrían obtener así nuevas fuentes de empleo.
En la provincia de Santa Fe el Secretario de Hábitat provincial, Diego Leone, expreso que “Si bien es una ley necesaria, y nosotros no nos oponemos al proyecto porque lo estamos haciendo, no hay que generar falsas expectativas en la gente que vive en los asentamientos”, y agregó que “Es una ley que va a promover el desarrollo, pero nosotros no vemos que esté contemplado cómo va a ser el proceso de urbanización en un esquema general en el cual hay reducción de obras. El gobierno nacional no tiene como política de estado regularizar asentamientos”.
La gran pregunta para la zona de la Costa santafesina es, en caso que se convierta en ley, como se podría implementar ya que en la mayoría de las localidades, entre ellas las de mayor densidad demográfica, Colastiné Norte y Rincón no tienen un plan urbanístico ni llevan adelante programas de regularización dominial sostenidos; solo el tiempo podrá contestar estos interrogantes.
