Quedo oficialmente inaugurada el viernes 20 de julio, la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), un nuevo organismo que dispondrá de los objetos secuestrados por la justicia penal y gestionará que pasen a la esfera estatal vía subasta o reutilización.
El objetivo de este cambio en el sistema –una iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos– es afectar el poder económico de las bandas delictivas y darle a los bienes adquiridos ilícitamente un destino público, es decir que servirán a los fines sociales en hospitales o escuelas.
La agencia fue creada por la ley Nº 13.579, presentada como proyecto por la cartera de Justicia y Derechos Humanos en 2016. El depósito de la localidad de Alvear (donde funciona), con casi diez mil metros cuadrados entre superficie cubierta y descubierta, alberga una importante cantidad de bienes incautados, entre ellos 80 automóviles, correspondientes a las circunscripciones judiciales de Rosario y Venado Tuerto. El gobierno también habilitó otro predio, de cinco mil metros cuadrados, en Santo Tomé donde son destinados los objetos secuestrados a raíz de sumarios penales en las circunscripciones de Santa Fe, Rafaela y Reconquista.
La flamante agencia es un ente autárquico que trabaja articuladamente con el Ministerio Público de la Acusación y la Oficina de Gestión Judicial, instituciones de la nueva justicia penal. La ley que la crea -aprobada en septiembre de 2017 y reglamentada por el Poder Ejecutivo en febrero pasado– establece que los bienes sin utilidad probatoria podrán ser subastados con autorización judicial. Entre los efectos ya en depósito se encuentran automotores, computadoras, monitores, celulares, notebooks, TV led y muebles.
El Ministro de Justicia Silberstein expresó que “A nivel nacional se debate la extinción de dominio por parte de los bienes que provienen del delito, pero Santa Fe no espera esa norma y aprueba una ley por la cual, después de seis meses, los bienes se rematan para que la sociedad reciba lo producido”. Por su parte, el Ministro de Seguridad Pullaro explicó que “una política pública de seguridad tiene muchas aristas que debemos abordar” y en ese sentido resumió que “le sacamos la plata y los bienes a las organizaciones criminales para desarticularlas y para que les sean devueltos a la sociedad. Estamos cumpliendo con el objetivo de golpear al delito en todos sus niveles, sin privilegios”.
A su turno, el secretario de Gestión Pública, Matías Figueroa Escauriza, de quien depende el nuevo organismo, explicó que “Todos los bienes utilizados o adquiridos producto de delitos provinciales serán decomisados por el Poder Judicial y se ponen a disposición de la provincia, en algunos casos los subastaremos y en otros los vamos a destinar a políticas sociales concretas o asignar a organizaciones sociales”. Finalmente detalló que “hay computadoras incautadas en el marco de causas por juego clandestino, tenemos unos 80 autos de alta gama, 150 celulares, 60 computadoras, dos desarmaderos decomisados que representan 500 mil piezas. Estamos buscando compactarlas y aprovecharlas, incluso se escrituraron cuatro inmuebles expropiados a una red de prostitución en la ciudad de Melincué. Esas propiedades, valuadas en dos millones de pesos, pasaron a manos del Poder Ejecutivo hace un mes y serán utilizadas con fines sociales”, concluyó el funcionario.
