Por: Gustavo Castro
La municipalidad de Santa Fe recibió el martes 24 de julio una carta documento de la EPE en la que se le exige que pague las facturas adeudadas de alumbrado público de abril y mayo porque de lo contrario se van a tomar compulsivamente los fondos correspondientes a la capital provincial que la distribuidora estatal de electricidad les transfiere a los Estados locales en donde presta el servicio.
Hay aquí un capítulo más de la disputa entre el gobierno de Miguel Lifschitz y la intendencia de José Corral que se disparó con la aplicación de fuertes aumentos tarifarios en los servicios públicos, particularmente en la electricidad, generados por los tijeretazos de subsidios a nivel nacional desde la llegada al gobierno de Mauricio Macri y los constantes incrementos a escala provincial desde el arribo del Frente Progresista a la Casa Gris.
En ese contexto, el presidente impulsó recortes o lisa y llana eliminación de los componentes impositivos de las boletas de la luz. A partir de esa sugerencia, Corral anunció a fines de abril que rescindía el convenio con la EPE por el cual los usuarios santafesinos pagaban la Cuota de Alumbrado Público (CAP) y que el municipio se haría cargo a partir de ese momento del costo.
A principios de junio llegaron las dos primeras facturas de la EPE a la municipalidad por ese concepto: $ 10.931.062,36 por abril y $11.721.853,67 por mayo. El intendente santafesino se quejó públicamente y advirtió que no iba a “pagar cualquier cosa”. No es arriesgado suponer que va a persistir en las mismas consideraciones respecto de la boleta de junio, que llegó la semana pasada y resultó casi 2 millones de pesos más cara que la anterior: $ 13.597.646,83.
Ahora, la EPE decidió redoblar la presión e intimar a la municipalidad al pago urgente de las facturas adeudadas cuyos vencimientos ya han sido largamente superados, en concreto las de abril y mayo. De acuerdo a la información que disponemos, este martes ingresó al palacio municipal una carta documento en la que la empresa pública E.P.E. advierte que, de no abonar lo reclamado, tomará los fondos que la distribuidora de electricidad transfiere por la ley provincial N°7.797.
Se trata de una normativa de 1975, que fue derogada en 1999 y reimplantada en 2008, que en su artículo 1° dispone que la EPE “abonará a aquellas Municipalidades y Comunas donde preste servicios por concesión de los mismos, el 6% (seis por ciento) de lo que se recaude por entradas brutas por venta de energía eléctrica, excluyendo el facturado a servicios oficiales de alumbrado público, de tracción eléctrica y distribuidores”.
Según estimaciones de la empresa provincial, el municipio gobernado por Corral recibe unos 5 millones de pesos mensuales por esta razón. En consecuencia, aun concretando la advertencia, la deuda reclamada sólo sería saldada parcialmente.
Con todo, el dinero en discusión no supone un esfuerzo especialmente importante para la las finanzas de la municipalidad de Santa Fe. Por caso, el blog político Nestornautas calculó en base a datos oficiales que el pago por el servicio de recolección de residuos a las empresas concesionarias es 4,58 veces más que la exigencia por el alumbrado público. Como para no dudar de que la disputa no es estrictamente económica sino, en esencia, política.
Fuente: Diario Santa Fe
