Profunda preocupación en la población santafesina por el atentado en la ciudad de Rosario del día sábado en horas de la madrugada al Centro de Justicia Penal y otro en la torre ubicada en el centro de Rosario, donde vivió hace muchos años la familia de la jueza Marisol Usandizaga (jueza en la causa de “Los Monos”), los autores de los disparos dejaron un cartel con el mensaje: “Con la mafia no se jode”, y finalmente con el asesinato de Diego Romero el sábado a la noche de cinco tiros en el pecho, los familiares de la víctima vincularon el ataque con su declaración como testigo en la causa contra la banda mafiosa de la zona sur de la provincia
La gran incógnita es quién está detrás de esto, lo que implica preguntarse qué motivaciones tienen. Se presume que los ataques provienen desde el seno de Los Monos enmarcado en una disputa con quienes le acotaron poder. Lo cierto es que con lo ocurrido este sábado, se abrió y profundizó el juego.
Hasta ahora el factor común es que atacan viviendas ligadas indirectamente a funcionarios judiciales. Viviendas que desde hace años no habitan, que es de sus parientes o que ya vendieron. Pasó con Juan Carlos Vienna, pasó con Ismael Manfrín, y con Marisol Usandizaga. El primero instruyó la Megacausa Los Monos, los últimos dos dictaminaron la condena.
A partir de las balas en el Centro de Justicia Penal quedó demostrado que los ataques ya no son sólo directamente contra los integrantes del Poder Judicial, sino ya y como lo dijo el gobernador Miguel Lifschitz “Se está poniendo en juego la institucionalidad”. Atacar el Centro de Justicia Penal significa dispararle al propio gobierno ya que ese edifico es el bastión que mostró el socialismo para contrarrestar a Los Monos y condenarlos.
Ramón “Monchi” Machuca dejó en claro que sus enemigos son tanto la justicia como el gobierno provincial: “Somos el chivo expiatorio del socialismo (…) Hubo un pacto entre el socialismo, el juez Vienna, Luis Paz y la División Judiciales. Nos tomaron a nosotros como una asociación ilícita criminal para mostrar que nosotros somos el monstruo, el mal de la provincia, pero en verdad lo que pasa es una farsa”.
Si hasta ahora los ataques se reducían a viviendas particulares de jueces y policías, al balear a una institución pública, la cuestión se complejizó. Los meses y las determinaciones de las autoridades dirán si fue el último golpe.
