La jefa, un oficial y cuatro suboficiales del Comando Radioeléctrico de la Costa fueron imputados tiempo atrás por el fiscal Ezequiel Hernández como autores de graves delitos, presuntamente ocurridos entre enero y diciembre de 2017. “Los hechos por los que son investigados estas personas son torturas, robos, allanamientos ilegales, apremios, amenazas coactivas, falsedad ideológica, privación ilegítima de la libertad, vejaciones, apremios, abuso de armas y severidades”, enumeró el funcionario del Ministerio Público de la Acusación durante la audiencia imputativa. Todos los policías acusados fueron aprehendidos en sus domicilios y desde entonces permanecen con prisión preventiva. El abogado Claudio Torres del Sel es defensor de dos de los imputados. “Se trata de hombres que eran choferes y que acudían a los hechos por indicación de la Central de Emergencias 911. Son personas de muchos años en la fuerza, que cuentan con legajos intachables. No tienen ningún tipo de sanción administrativa, ningún llamado de atención. Ellos están presos por cumplir con su deber”, aseveró el profesional al ser consultado por El Litoral.
“A nuestro entender, no existe riesgo procesal para que estas personas hayan quedado privadas de su libertad hasta ahora. La fiscalía está haciendo un trabajo muy meticuloso, en una causa que podemos llamar compleja. pero son los jueces los que deben brindar las garantías para que un sujeto esté o no privado de su libertad. En primera instancia se nos negó este derecho. Fuimos a la segunda instancia. Le dimos al juez (Roberto Reyes) todas las garantías, a nuestro entender, para que pueda darle la libertad o medidas alternativas a mis defendidos, pero el magistrado ni siquiera analizó el caso y rechazó el pedido porque no podía variar su resolución de otra tomada con anterioridad y que afectaba a otro de los acusados”, explicó.
“El juez de Cámara entiende que existe riesgo procesal -agregó-, pero no lo funda debidamente, de manera alguna. Estamos hasta sorprendidos, porque le hemos ofrecido garantías de todo tipo para que estas personas puedan permanecer en libertad y lleguen así a un juicio oral y público justo. Queremos que la gente pueda escuchar y enterarse realmente de si hubo delitos o no”.
Consecuencias
Del Sel hizo referencia luego a la situación que, a su entender, se generó en la zona de la costa (a ambos márgenes de la ruta provincial 1) a raíz de este caso. “Lo vemos en charlas con familiares, con vecinos, con uniformados. No se puede decir que ese sector ha quedado como zona liberada, pero la policía tiene miedo de actuar. Acá es la sociedad la que debe tener mucho cuidado. No es que los policías no quieran actuar… tienen miedo de hacerlo, porque si actúan y son denunciados lo más probable es que terminen presos, como mis defendidos. Lo digo yo con conocimiento, porque me lo han manifestado funcionarios. Estamos en una situación difícil”, aseguró.
“Mis clientes están en esta situación por cumplir con su deber -añadió-. Hubo personas golpeadas durante los procedimientos, pero cuando la policía va a esos lugares, la gente la enfrenta. Quienes resultaron lesionados en los operativos enfrentaron a los policías. A esas situaciones las vemos a diario en los barrios… patrulleros destruidos, quemados, apedreados. En esos momentos normalmente se producen peleas y en este caso los lesionados denunciaron apremios. La fiscalía dio crédito a todo lo denunciado por esta gente. Lo dio por cierto”.
“Prácticamente estamos investigando hecho por hecho junto a la fiscalía y vamos demostrando que cada acusación no es como fue planteada en un comienzo. Tenemos que reconstruir cada episodio. Hay vecinos que no hablan por temor. Los habitantes que rodean a esta gente que denunció, le tiene pánico. No quieren declarar por eso. Eso es lo que ocurre”, dijo.
Enérgicos
“El Comando de la Costa intervenía de forma rápida, con energía, como hay que actuar en estos casos, porque eran llamados para auxiliar a vecinos ante denuncias de delitos cometidos con violencia, con armas de fuego. En mi estudio, analizamos más de dos mil audios de llamadas al 911 para comprobar que estos policías siempre actuaron por llamados de víctimas a esa central de emergencias, algo que se negaba al principio. Se trata de conversaciones grabadas que son inviolables”, puntualizó.
“Estas personas que ahora acusan a los policías fueron detenidas por otras causas y hoy están en prisión. Esa gente es la que denuncia a mis defendidos y a sus compañeros. Uno de los hechos denunciados más graves es el de una mujer cuya familia había cometido una serie de delitos. Ella dice que la golpearon y que por eso perdió un embarazo, pero no hay ninguna prueba objetiva que indique que esta señora haya estado embarazada. Es más, también pudimos corroborar, a través del Ministerio de Salud, que esa mujer estaba bajo un tratamiento anticonceptivo. Todo el caso está basado en las denuncias de estas personas, que son miembros de familias de Rincón relacionadas con el delito, algunos de cuyos integrantes están detenidos por otros procedimientos. No quiero decir que son todos delincuentes, pero la mayoría de ellos actúa al margen de la ley”, manifestó el abogado.
“La balanza en esta causa se ha inclinado totalmente para el lado equivocado. No se han respetado las garantías de presunción de inocencia. No le achaco la responsabilidad a la fiscalía. El fiscal Hernández cumple con su rol, pero los que tienen que decidir si una persona permanece en prisión o no son los jueces y, en este caso, el juez de segunda instancia, que tenía la posibilidad de analizar convenientemente el riesgo procesal, directamente no lo evaluó y se guió en una resolución anterior para decidir”, reiteró.
Acusación
El fiscal Hernández informó durante la audiencia imputativa que “uno de los ilícitos más reiterado -de los policías- consistía en ingresar a domicilios particulares sin la correspondiente orden de allanamiento, agredir y golpear a las personas que estaban en el lugar, en algunos casos de forma realmente cruel, y llevarse pertenencias de las víctimas”. Hernández añadió que “finalmente, realizaban actas de procedimiento en las que insertaban declaraciones falsas con la deliberada intención de ocultar los delitos cometidos”.
Fuente: El Litoral
Por: Joaquín Fidalgo
