La ministra de la Producción, Alicia Ciciliani, encabezó la firma de contratos para concretar la asignación de fondos reintegrables a productores ovinos de las localidades de San Javier, Santo Tomé, Bernardo de Irigoyen, Venado Tuerto, La Brava y San Jerónimo Norte. En total, se financiarán 15 iniciativas por un monto de tres millones y medio de pesos. De este modo, la provincia de Santa Fe es una de las tres provincias que ha ejecutado por completo el presupuesto asignado por la Ley Ovina Nacional.
La ministra Ciciliani remarcó que la cadena ovina y caprina provincial tiene un gran potencial y que el problema principal no tiene que ver con la demanda, sino con la oferta. Por ello, agregó: “necesitamos el compromiso de los productores, para aumentar la escala y lograr un sistema productivo que asegure el abastecimiento de animales para faena durante todo el año”.
En esta oportunidad, los fondos estarán destinados a fortalecer y darle rentabilidad económica a la actividad, trabajar en la elaboración de un plan sanitario y agrupar a productores con visión de negocio para, en paralelo, visualizar una sala de faena y poder dar valor agregado al producto carne ovina y caprina.
Acompañaron a la ministra, el secretario de Ganadería, Lechería y Recursos Naturales, Roberto Tión, y el coordinador provincial de la Ley Ovina Nacional, Sergio Taffarel.
LEY OVINA Y UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL
La Ley Ovina Nacional (Nº 25.422), promulgada en el año 2001, estipula un régimen para la recuperación de la ganadería ovina a partir de la adecuación y modernización de los sistemas productivos, que permita la sostenibilidad a través del tiempo y, consecuentemente, permita mantener e implementar las fuentes de trabajo y la radicación de la población rural.
A partir de dicha ley, se han conformado las Unidades Ejecutoras Provinciales (UEP), integradas por un representante de los productores, un representante del gobierno provincial y un representante del gobierno nacional (función delegada en el INTA).
Las UEP tienen la responsabilidad de la implementación de acciones a nivel provincial, siguiendo las pautas de transparencia establecidas en el manual operativo y en las comunicaciones periódicas emanadas de la coordinación nacional. Además, deben confeccionar su presupuesto operativo anual basado en la problemática existente en cada provincia, buscando el consenso con los actores relevantes del sector.
