El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto que lleva el nombre de la joven Micaela García, asesinada en 2017 en Gualeguay. La norma obliga a funcionarios de los tres poderes a recibir capacitación en temas de género.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad por los 59 senadores presentes en el recinto a la hora de votar. Durante el debate, la oposición puso de manifiesto fuertes críticas al gobierno de Mauricio Macri a causa de los recortes que sufrió el Presupuesto en las partidas destinadas a políticas públicas de género.
Entre las intervenciones destacadas, la senadora nacional santafesina María de los Ángeles Sacnun manifestó: “Si creemos que la violencia machista, que la profunda injusticia social que implica el patriarcado como relación asimétrica de poder, solamente lo vamos a combatir dictando leyes que en la práctica terminan siendo meras declamaciones estamos equivocados”y agregó“Es necesario que el Presupuesto exprese la voluntad política de desconstruir el patriarcado. Hoy vamos a tratar la Ley Micaela y no puedo dejar de señalar que el Consejo Federal de la Mujer fue degradado, se convirtió en un instituto al que se le bajó el presupuesto”.
Contenidos de la ley
La Cámara de Diputados ya había dado media sanción el martes 18 de diciembre a la Ley Micaela de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.
El proyecto forma parte del paquete de leyes contra la violencia de género que se presentó en junio de 2017 tras el femicidio de Micaela García en la provincia de Entre Ríos. Las trece iniciativas que forman parte de ese “paquete” pertenecen a legisladoras de diversos bloques de la Cámara de Diputados.
La normativa prevé la formación en género para los tres poderes del Estado a nivel nacional. Cada organismo estatal definirá la modalidad de las capacitaciones, que deberán ponerse en marcha dentro del primer año de vigencia de la ley.
“Dimos un paso importante en la prevención de la violencia de género que nos acerca a esa sociedad más justa que queremos”, aseguró Lucila De Ponti, diputada por Santa Fe y una de las impulsoras de la Ley,“Esta Ley apunta a que ningún presidente nos vuelva a decir que a todas nos gustan los piropos aunque sean violentos, a que no haya jueces que criminalicen a las víctimas de violación en sus fallos, que ninguna mujer salga de una comisaría sin que le tomen la denuncia o que ningún legislador use su poder para abusar de nosotras”, explicó De Ponti.
El Instituto Nacional de las Mujeres certificará la calidad de las capacitaciones que elabore e implemente cada organismo, que deberán ser enviadas dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, pudiéndose realizar modificaciones y sugerencias para su mayor efectividad; la capacitación de las máximas autoridades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres.
El Instituto Nacional de las Mujeres deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de las disposiciones de la ley. En su página web, además, publicará un informe anual sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la ley, incluyendo la nómina de altas autoridades del país que se han capacitado y elaborará indicadores de evaluación sobre el impacto de las capacitaciones realizadas por cada organismo.
Las personas que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas serán intimadas por la autoridad de aplicación a través y de conformidad con el organismo de que se trate. El incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente, siendo posible hacer pública la negativa a participar en la capacitación en la página web del Instituto Nacional de las Mujeres.
