El Gobernador Miguel Lifschitz decretó el martes 8 de enero del 2019, la conformación de un “Protocolo de actuación para la prevención y atención frente a situaciones de violencia de género en el ámbito laboral” y envió a la Legislatura provincial un proyecto para que Santa Fe adhiera a la llamada Ley Micaela, que tiene como objetivo capacitar y sensibilizar en la materia a quienes integran los diferentes estamentos del Estado.
“El Estado debe ofrecer a los funcionarios y agentes públicos, herramientas ágiles y eficaces para afrontar situaciones de violencia acaecidas dentro de su ámbito laboral y lograr el cese inmediato de tales sucesos, profundizando a su vez la prevención, difusión y capacitación en todo lo atinente a esta problemática”, señala el decreto firmado por Lifschitz.
La Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El proyecto indica que “las máximas autoridades de los organismos son responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones” y se invita a sumarse a todos los municipios y comunas de la provincia. “Con estas dos medidas, estamos poniendo al gobierno provincial en línea con la legislación y los criterios más avanzados en materia de prevención de la violencia y el abuso contra las mujeres”, afirmó el gobernador.
PROTOCOLO DE ACCIÓN
La persona afectada por una situación de violencia de género recibirá asesoramiento legal y asistencia integral en forma gratuita en todo el territorio provincial. En el caso de que la/el afectado lo requiera expresamente, debe ser oída/o personalmente por la autoridad administrativa correspondiente.
La persona afectada será acompañada y contenida en todo trámite posterior a la consulta, petición, presentación o denuncia que realizara. Asimismo, se le garantizará la participación en el procedimiento y la información sobre el estado y avance del trámite.
El protocolo será de aplicación para los agentes públicos; el personal y las autoridades superiores de las entidades autárquicas; el personal docente, policial y penitenciario; las autoridades superiores; y el personal de gabinete.
Además, se establece que la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia será la jurisdicción encargada de la recepción y el trámite de las denuncias, peticiones, presentaciones o consultas vinculadas con situaciones de violencia de género contra funcionarios o empleados públicos provinciales, conforme al Protocolo aprobado en el artículo precedente.
PROCEDIMIENTO
Las personas que se consideren afectadas o sean testigos directos de situaciones de discriminación o violencia de género podrán consultar y/o pedir asesoramiento. La intervención se iniciará a partir de la recepción de dichas denuncias y, si las circunstancias del caso lo ameritan y la persona afectada desea realizar una denuncia formal, se deberán seguir los mecanismos establecidos por el procedimiento disciplinario previsto en la legislación vigente.
