Nos informan desde el Ministerio Público de la Acusación, que un jerarquizado funcionario de la dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de Santa Fe fue imputado como autor de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia a una orden judicial. Todos los delitos fueron endilgados en concurso real. La atribución delictiva fue realizada por el Fiscal Gustavo Latorre.
El Fiscal Gustavo Latorre imputó al jefe de Zona VIII (Vera) de la Dirección Provincial de Vialidad, y manifestó que “La investigación se inició a partir de una denuncia radicada por un ex empleado de la Zona VIII de Vialidad Provincial. En su manifestación, el denunciante refiere a compras efectuadas de forma irregular”, detalló el fiscal Latorre. El funcionario del MPA también agregó que “Hasta el momento, imputamos a L.A.T. (quien transita el proceso en libertad) y seguimos avanzando con la investigación”.
La investigación y las Pruebas
“La investigación que llevamos adelante fue realizada con la colaboración del Organismo de Investigaciones (OI) del MPA, el que elaboró un informe en el que se analizan distintas compras realizadas entre enero de 2014 y abril de 2018 por la Zona VIII de Vialidad Provincial a una serie de proveedores indicados en la denuncia presentada por el ex empleado”, precisó el fiscal del MPA.
En su imputación, Latorre enumeró lo constatado. “Entre las irregularidades, verificamos que los formularios de solicitud de compras no eran firmados por quien pedía la transacción, sino que se hacían verbalmente, luego los completaba un agente de Vialidad y una vez hecha la compra se descartaba el documento”, describió. También dijo que “No hay constancia de recepción de los bienes que son inventariables”.
Por otra parte, el funcionario del MPA subrayó que “El Jefe de Zona indicaba que se consignara en las facturas otros bienes que no eran los que en realidad se estaban comprando. A su vez, el propio imputado era el que determinaba el destino de esos bienes en la orden de pago, a pesar de que no era el destino real”.
Por último, Latorre hizo hincapié en que “Se solicitaba a comercios que realicen facturas por montos superiores a los que efectivamente se compraban para, de esa manera, pagarle la mano de obra a personas que no podían facturar. También se les abonaba y se les hacía suscribir recibos informales e incluso, en algunos casos, se abonó sin que se firme recibo alguno”.
Auditoría
Latorre explicó que “El imputado permitía que el personal que presta servicios en el sector Compras de la Zona VIII, maneje con total autonomía y absoluta libertad la emisión de comprobantes que habilitaban la compra y el retiro de bienes (en nombre de la repartición) de distintos comercios de la ciudad de Vera y de otras ciudades de la provincia”. En tal sentido, añadió que “En virtud de esta forma de operar no es posible acreditar o demostrar la efectiva entrega a las distintas áreas de los bienes que se habrían adquirido para la Zona VIII”.
“Esta forma irregular ya le había sido informada al imputado luego de que en 2015, la propia Dirección Provincial de Vialidad ordenó una auditoría. Además, como resultado de ese relevamiento, se le solicitó adecuar los procedimientos de compras”, recordó el fiscal. “Sin embargo, y en virtud de una nueva auditoría llevada a cabo en 2017, se constató que en lugar de mejorar, el procedimiento de compras que se efectuaba en la Zona VIII había empeorado”, afirmó el fiscal.
Latorre también indicó que “De la investigación se desprende que el imputado no respetó el pedido de tres presupuestos –para el caso de compras menores–, ni llamados a concursos o licitaciones en los casos que correspondía”. Asimismo, el fiscal puntualizó que “Detectamos irregularidades en el proceso de reparación en la vivienda que ocupa el imputado en la Zona VIII de Vialidad, en una compra de neumáticos y en la reparación de una motoniveladora que prestaba servicios en la comuna de Los Amores”.
Por último, el fiscal sostuvo que “El imputado desobedeció un requerimiento efectuado por la Fiscalía, cuando solicitamos la realización de una pericia en dos motores de motoniveladoras. En esa oportunidad, el hombre investigado no permitió el ingreso de los peritos y representantes de los denunciantes, y tampoco permitió la recepción del oficio librado al respecto”.
