El juez de segunda instancia Sebastián Creus confirmó la acusación presentada por el MPA a cinco ex integrantes de la comisión directiva de la asociación civil Club Atlético Colón por administración fraudulenta y estafas cometidas entre 2006 y 2013. El camarista también revocó parcialmente el sobreseimiento –dictado en primera instancia por el juez Nicolás Falkenberg el 27 de julio– a los cinco acusados en relación a dos de los hechos atribuidos por el MPA. La resolución de Creus se dio a raíz de las apelaciones presentadas a lo dispuesto por Falkenberg por las defensas de tres de los cinco acusados y por el propio MPA. Con esta decisión de segunda instancia, la investigación se encamina al juicio oral y público de los cinco acusados. En tal sentido, la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) deberá sortear los tres jueces que integrarán el tribunal pluripersonal y fijar la fecha de inicio del debate.
La fiscal que investigó los hechos es Mariela Jiménez. La funcionaria del MPA acusó al expresidente de la entidad, Germán Lerche de 54 años; al ex vicepresidente, Ruben Moncagata de 62 años; al ex tesorero, Carlos Alberto Marín de 75 años; y al ex secretario general, Marcelo Eduardo Maglianes. de 57 años, como coautores del delito de administración fraudulenta. Por su parte, el ex síndico, Osvaldo Pradolini de 68 años, fue acusado como coautor del delito de administración fraudulenta, en concurso real con la autoría del delito de estafa.
En cuanto a las penas solicitadas, la fiscal Jiménez adelantó que solicitará penas de entre cuatro y seis años (ver “Penas”) “En la acusación que formulamos, consideramos que estamos ante un caso de un único hecho ilícito de administración infiel”, sostuvo la fiscal y agregó que “todos los imputados se condujeron pluralmente en la ejecución de la administración tildada de infiel”. También argumentó que “los hechos que habían sido rechazados en primera instancia, no pueden ser considerados de forma individual. Debe tenerse en cuenta que son actos infieles dentro de la administración. Por eso es que debe considerarse que, en función del cargo que ocupaba cada uno de los acusados, participaban de un órgano cuyo principal cometido era representar, gestionar y administrar el patrimonio de la institución”.
Desequilibrio Financiero
Jiménez recordó que “la investigación se inició en noviembre de 2013 a raíz de una denuncia radicada por José Luis Isaía, quien fue síndico de la institución”. Trajo a colación que “en reiteradas oportunidades se solicitó a la comisión directiva del club los balances, informes de auditoría, contratos con mutuales, financieras y bancos, informes sobre cuentas bancarias, entre otra documentación. Sin embargo, nunca se brindó una respuesta”.
“Luego de formular el requerimiento de instrucción –aún en el sistema procesal penal anterior al actual–, se dispusieron diversas medidas para avanzar en la investigación”, informó Jiménez. La funcionaria del MPA enumeró que “se enviaron oficios a entidades bancarias y financieras; a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA); a organismos públicos que otorgaron subsidios al club; a los juzgados civiles de la ciudad; al Registro General de la Propiedad; a empresas constructoras y de telefonía; y al Tribunal de Cuentas de la provincia como organismo de contralor”.
Asimismo, agregó que “el juzgado interviniente en aquel momento, dispuso realizar una pericia contable sobre la documental oportunamente secuestrada”.
“De la investigación se desprende que en el último ejercicio económico del período investigado (año 2012/2013) el pasivo del club era de 96.587.582,93 pesos y el déficit era de 24.236.848,88 pesos. Por su parte, el patrimonio neto resulta negativo en la suma de 16.399.605,15 pesos, el que comparado con el patrimonio neto del ejercicio 2005/2006 (primer año del período investigado) era de 3.102.766,43 pesos. En síntesis, el patrimonio neto negativo aumentó 13.296.838,72 pesos en siete años”, precisó Jiménez.
La fiscal añadió que “estos números dan cuenta de un desequilibrio financiero en cuanto a mayores gastos que ingresos obtenidos y una infiel administración patrimonial, económica y financiera de la institución por parte de quienes ejercieron el poder”.
Defraudación Económica
Jiménez se refirió a la calificación penal atribuida a cada uno de los acusados y resumió que “se los acusó de haber defraudado económicamente a la Asociación Civil Club Atlético Colón”. En tal sentido, argumentó que “con su accionar perjudicaron los intereses, la administración y el cuidado de bienes que se les confiaron. Asimismo, procuraron causarle daños y/u obtener lucro indebido para ellos mismos o para otras personas, con violación a los deberes de su cargo y uso abusivo de los poderes y autoridad investida por sus cargos”.
La fiscal puntualizó que “no está justificado el alquiler de un departamento en Puerto Madero en Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la compra de un microscopio binocular; y el pago de servicios de información estadística a una empresa cuyo domicilio es inexistente”.
“La institución debió soportar gastos de tarjetas de crédito y el pago de sumas excesivas de dinero en concepto de comisiones por la incorporación o transferencia de jugadores”, subrayó Jiménez. En tanto, confirmó que “durante cinco años fue omitido el cobro –o el ingreso contable correspondiente al patrimonio de la institución– del canon locativo por estacionamiento en el predio del club los días que se jugaban partidos de fútbol oficiales”.
Jiménez también hizo hincapié en que “no se presentaron rendiciones de cuenta por subsidios que recibió el club del gobierno provincial y de la municipalidad de la ciudad de Santa Fe. Tampoco están asentados gastos por viajes y alojamiento de directivos, de representantes de jugadores y de otras personas”. Asimismo, remarcó que “se realizaron 29 operaciones de compra de divisas extranjeras (principalmente dólares estadounidenses) por un monto aproximado de 4.601.775,22 pesos a un valor de cambio suspicazmente mayor al corriente en la plaza financiera legal”.
“Se comprobaron descuentos de cheques a tasas mayores a las de mercado por montos que perjudicaron considerablemente a la institución y también detectamos el cobro diferenciado por la venta o concesión de palcos corporativos en el estadio de la institución”, informó la fiscal del MPA.
Jiménez también se refirió a los tres hechos que fueron cuestionados y que ahora fueron confirmados en segunda instancia. Enumeró que se trata del “uso y pago por el club de telefonía celular para quienes eran sus dirigentes; el libramiento de gran cantidad de cheques a sabiendas que no podían ser pagados por tener las cuentas corrientes embargadas (en algunos casos) o carentes de fondos (en otros); y la utilización de servicios de una secretaria personal del presidente de la institución para sus labores privadas, a quien el club le pagaba su salario”.
Síndico
En relación al ex síndico, la funcionaria del MPA señaló que “también participó de la defraudación económica a la institución, incumpliendo deliberadamente con la fiscalización, control y verificación contable, patrimonial y financiera”.
“En su carácter de tesorero del club en 2011, recibió dinero del Comité Organizador de la Copa América de Fútbol para gastos operativos de organización de la competencia internacional. Sin embargo, no se justificó el destino de los fondos, no se comprobaron los gastos ni hubo rendición de cuenta”, recalcó. También manifestó que “en 2013 incumplió sus funciones como síndico al solventar sus propios gastos personales en un viaje a Curitiba (Brasil) y los gastos de traslado en avión que él mismo generaba cuando el equipo de fútbol de primera división jugaba de visitante”.
Penas
Jiménez informó que para el ex presidente de Colón, la pena solicitada es de seis años de prisión de cumplimiento efectivo. “Se tuvo en cuenta el cargo que ocupaba, el grado de autodeterminación de la voluntad y la comprensión de los actos que realizó”, consideró y aseguró que “su edad y su nivel de educación le permitían conocer el reproche penal de su accionar y cómo debía actuar para hacerlo conforme a Derecho”. También sostuvo que “se consideró el perjuicio que su accionar acarreó para una institución conformada para desarrollar distintas actividades en beneficio de sus asociados y el daño social y trascendencia pública del hecho”.
En relación al ex síndico, la fiscal detalló que la pena solicitada es de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo. “El cargo que ocupaba en la comisión directiva del club, le permitía fiscalizar las operaciones, las cuentas y los balances”, argumentó. En tal sentido, apuntó que “al igual que con el ex presidente, también tuvimos en cuenta el grado de autodeterminación de la voluntad, la comprensión de los actos realizados conforme su edad, nivel de educación y experiencia, y el perjuicio acarreado a la institución, el daño social y la trascendencia pública del hecho”.
Por último, para el ex vicepresidente, el ex tesorero y el exsecretario general, las penas solicitadas son de cuatro años de prisión. “En los tres casos también tuvimos en cuenta los cargos que ocupaban en la comisión directiva, la comprensión de los actos y el perjuicio ocasionado”, concluyó.
Querellante
La Asociación Civil Club Atlético Colón se constituyó como querellante en el proceso. Cuenta con el patrocinio letrado del abogado Ricardo Calvo Arrásola.
