El Gobernador Omar Perotti, junto al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Roberto Falistocco, encabezaron este martes la apertura del Año Judicial y la firma del acta del programa “Santa Fe + Justicia”. Dicho programa tiene como premisas la inclusión e integración ciudadana junto con el mayor acceso a la justicia e información por parte de todos los santafesinos y santafesinas. En la oportunidad, el gobernador Perotti afirmó que “es imprescindible mejorar la prestación de justicia. Es evidente un reclamo de mayor intensidad, con el deseo de fallos justos y oportunos. Para eso es fundamental que pongamos al día muchas de las instancias normativas que la provincia carece”.
El acta acuerdo firmada la vicegobernadora y presidenta de la Cámara de Senadores, Alejandra Rodenas; el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz; los ministros del supremo tribunal de justicia santafesino, Rafael Gutiérrez; Eduardo Spuler; María Angélica Gastaldi; Mario Netri y Daniel Erbetta; el procurador General, Jorge Barraguirre y todos los Rectores de las Universidades de la Provincia, se enmarca en el compromiso de abordar 6 desafíos que, según, las partes “un mejor acceso a la justicia”.
Esos desafíos son:
1) Informatización y digitalización del Poder Judicial. “La conectividad, como herramienta para el acceso a la justicia en la geografía provincial, resultará vital para fortalecer, mejorar y hacer crecer a la justicia comunitaria”, dice y que “debe ser acompañado, no sólo en las áreas civil, comercial y laboral, sino encararse seria y definitivamente en el proceso penal, en su enlace con el Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de Defensa Penal”.
2) Información ciudadana. Buscará “paliar la dispersión entre la información ciudadana y estatal, de registros sobre datos humanos y sobre bienes gestionados desde distintas oficinas y jurisdicciones estatales. EL desafío es consolidar una unidad de organización que contenga todos los datos que instruya el Estado en sus diversos quehaceres, ámbitos y jurisdicciones para concentrar no sólo su acción sino una más fácil y ágil acceso a la información”.
3) Abordaje del Mapa Judicial. Plantea la necesidad de “valorizar y atribuir una mayor competencia a los Juzgados Comunitarios de Pequeñas causas, cuya jurisdicción merece su atención y evaluación de un diseño actual incorporado al proceso de informatización y comunicación virtual a fin de dotarlos con mayor competencia”.
Desafíos procesales. Habla de los consenso que se requieren para avanzar hacia nuevas normas. A saber:
4) Código para consumidores. “Advirtiendo -dice el documento firmado ayer- un creciente número de conflictos que se originan cuando el ciudadano participa en el mercado de consumo, donde el aspecto dominante de la vinculación lo tienen empresas proveedoras masivas de bienes, productos y servicios, obligando a repensar esta correlación de fuerzas a través de un Estado presente, que induzca a un ámbito ecuánime de diálogo y moderación, facilitando la solución pacífica de los conflictos originados en la relación de consumo”.
5) Código Electoral y otro que consolide los Procesos Constitucionales. Teniendo en cuenta que la vinculación de los ciudadanos y el Estado en el orden público, “tiene que ver con la carga que tiene cada uno de ellos en participar en los procesos electorales, para conformar sus propios gobiernos, lo cual requiere contar con una normativa ordenada, actualizada y única en relación a la regulación de la organización de las elecciones provinciales y las características de la participación política de la ciudadanía”.
6) Código Procesal Penal Juvenil, Ley de Ejecución Penal y una ley de Víctimas de delitos atendiendo la perspectiva de género. “El sostenido incremento de hechos delictivos, muchos de ellos protagonizados por jóvenes entre 16 a 18 años de edad. Ante esta realidad, el Estado debe asumir un doble rol: contar con una normativa acorde a la justicia penal adolescente que reconozca sus derechos y garantías del debido proceso a quienes se acuse de haber participado en la comisión de una infracción a la ley penal, y asegurar que el cumplimiento de la pena se desarrolle dentro de los parámetros que fija la convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes”.
