La demanda iniciada en 2012 en Estados Unidos por un grupo de usuarios de la red social prosperó en los últimos años y la mega-empresa, hoy llamada Meta, logró acordar con los denunciantes el pago de este millonario monto para resolver el problema. Resta saber qué decisión tomará el juez de la causa al respecto.
Puntualmente lo que sucedió es que un grupo de personas denunciaron a Facebook en 2012 de violar leyes federales y estatales de privacidad norteamericanas, y hasta escuchas telefónicas mediante el almacenamiento de las “cookies” (información recopilada de la actividad del usuario de internet en una determinada plataforma), incluso cuando los demandantes ya habían cerrado la sesión de su cuenta.
Estas personas no sólo demandaron a la empresa por presunto rastreo de la actividad y recopilación de la información, sino que también denuncian que la red social clasificó estos datos en perfiles que posteriormente habría vendido a los anunciantes.
Sobre la causa
La demanda fue desestimada en 2017, pero en abril de 2020 un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos la reactivó con el argumento de que los usuarios podían probar que la empresa se benefició incorrectamente y vulneró su privacidad. Posterior a esto, Facebook intentó llevar el caso a la Corte Suprema norteamericana, pero no tuvo éxito.
Si bien la red social de Mack Zuckerberg mantiene fija su postura de no haber actuado incorrectamente con la información de sus usuarios, logró llegar a un acuerdo con las partes para evitar los costos y riesgos que un proceso judicial, según se exhibe en el documento. Acuerdo que fue presentado el lunes pasado al Tribunal de Distrito de Estados Unidos en California y que aún requiere la aprobación de un juez para hacerse efectivo.
El convenio comprende a los usuarios de Facebook de ese país que entre el 22 de abril de 2010 y el 26 de septiembre de 2011 desarrollaron la actividad en internet, exige a Facebook eliminar todos esos datos que se habrían recopilado de manera incorrecta y propone el pago de 90 millones de dólares a repartir entre los denunciantes.
