La Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe pedirá penas de entre tres y siete años y medio de prisión para 36 personas que son investigadas por delitos vinculados al juego clandestino cometidos en el norte provincial. El requerimiento fue informado por los fiscales Rubén Martínez y Nicolás Maglier en la acusación que presentaron ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de los tribunales de Reconquista. Por ese medio, solicitaron que todos los imputados –25 mujeres y 11 hombres que tienen entre 25 y 83 años– sean juzgados en el marco de un debate oral y público. La investigación comenzó en noviembre de 2018 y está a cargo de los fiscales Rubén Martínez y Nicolás Maglier.
Los fiscales afirmaron que “de la investigación surgió que al menos cinco asociaciones ilícitas dedicadas a la explotación ilegítima de juegos de azar funcionaron con permanencia en el tiempo en Reconquista y sus zonas de influencia”. Precisaron que “como mínimo, cometieron ilícitos de fraude al comercio y a la industria durante un año, entre noviembre de 2018 y el mismo mes de 2019”.
“Los jefes de las bandas delictivas organizaron sistemas para levantar apuestas de juegos de lotería y quiniela clandestinos”, sostuvieron Martínez y Maglier. “Para lograr sus objetivos, se vincularon con otras personas, incluso con titulares de agencias oficiales en las que realizaban apuestas tras detectar números muy elegidos en el circuito ilegal”, explicaron.
“Los grupos criminales eran financiados por sus jefes, quienes se beneficiaron con los altos márgenes de rentabilidad de las apuestas no ganadoras”, señalaron. “Además, obtuvieron rédito económico de la falta de aportes y contribuciones patronales a sus empleados, así como de los impuestos correspondientes al juego legal que no abonaron”, agregaron.
Los representantes del MPA aseguraron que “en reiteradas oportunidades, los jefes de las asociaciones delictivas ordenaron y dispusieron pagos a funcionarios públicos provinciales -que en su mayoría aún no lograron ser identificados-, para que no investigaran o fiscalizaran las actividades ilegales”.
Asimismo, Martínez y Maglier plantearon que “uno de los 36 acusados era jefe de la comisaría de la localidad de Fortín Olmos (departamento Vera) al momento los hechos y recibió dinero por incumplir sus deberes públicos de control”.
Los fiscales detallaron que las siete personas investigadas como jefes de asociaciones ilícitas además están acusadas como autoras de explotación, administración y organización de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad competente; de defraudación a la administración pública; y de cohecho.
A dos de los sindicados como jefes de las bandas delictivas además se les endilga la autoría de tenencia indebida de armas de fuego de uso civil. Sus iniciales son JSRV y AMM y la Fiscalía solicitará que sean condenados a siete años y seis meses de prisión y a seis años y seis meses de prisión, respectivamente.
Para otro de los investigados como jefes, cuyas iniciales son MAD, se pedirán siete años de prisión debido a que continuó con su accionar ilícito aún después de que se realizaron allanamientos en los que se encontraron evidencias en su contra. Para los otros cuatro -una mujer de iniciales GVA y tres hombres de iniciales RJA, GNR y SAS-, se solicitarán penas a seis años de prisión.
QUERELLANTE
El fiscal Martínez informó que “la provincia de Santa Fe es querellante en la investigación”. En tal sentido, valoró “la decisión del Estado santafesino de participar activamente en el proceso” y concluyó que “se trata de la primera investigación de juego ilegal en el norte provincial, en la que la provincia se constituye como querellante”.
