El Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Omar Perotti, presentó el proyecto de ley para la creación del nuevo Sistema Provincial de Gestión Integral de Riesgos de Emergencias y Desastres Agropecuarios, el cual será enviado a la Legislatura para su tratamiento; y de un nuevo Régimen de Promoción Industrial que, por decreto, entró en vigencia este 2 de agosto. La presentación estuvo acompañada por todos los sectores productivos de la provincia, y fue ampliamente ponderado por los mismos.
El proyecto que se enviará a la Legislatura, tiene por objetivo prevenir y reducir daños de emergencias y desastres agropecuarios causados por factores climáticos, meteorológicos, biológicos o físicos, para lo cual se crea el Sistema Provincial de Gestión Integral de Riesgos de Emergencias y Desastres Agropecuarios, en reemplazo de la actual ley Nº 11.297 de declaración de desastre y/o emergencia agropecuaria, vigente en la provincia por más de 27 años.
En tanto, el segundo proyecto presentado establece la modernización de la normativa del régimen de promoción industrial, que no se modifica desde 1995, para acompañar y estimular las tendencias actuales de las inversiones productivas del sector industrial.
REMOVER OBSTÁCULOS Y GENERAR SOLUCIONES
En su discurso, el gobernador agradeció la presencia de los representantes de diferentes sectores, así como por el “trabajo, sugerencias que se han hecho y que se han tomado, porque cada una de las entidades puso su mirada y opinión sobre una realidad a actualizar como es la vieja Ley de Emergencias”.
Asimismo, Perotti recordó que “tenemos una fuerte vocación de apuntalar a todos los sectores productivos y tratar de remover obstáculos, e ir generando soluciones a las dificultades e incentivos que nos permitan tener una provincia que pueda expresarse plenamente en su potencialidad, y la Ley de Promoción Industrial requería también un aggiornamiento necesario”.
El mandatario santafesino reconoció también que “todos somos conscientes de que tenemos momentos de incertidumbre, pero frente a esa instancia tenemos la certeza que Santa Fe va a seguir produciendo y sembrando, vamos a cosechar y vamos a fabricar. Hay variables que no vamos a modificar desde la provincia, no manejamos el tipo de cambio ni la tasa de interés, pero sí hay herramientas que si están a nuestro alcance las tenemos que movilizar”.
Perotti expresó en su discurso que una Ley de Emergencia “en una provincia que tiene un perfil profundo en todo lo que es la actividad agrícola, agroalimentaria, agroindustrial, no es una herramienta más para tener desactualizada, olvidada, porque no solamente afecta a los productores”, y agregó que en el trabajo que se presentó “están los conceptos centrales de lo que va a ser el proyecto de ley a enviar a las cámaras”.
En ese sentido, el gobernador remarcó que el proyecto incorpora “un dato no menor: la ley actual contempla los beneficios para los titulares de la tierra, y hoy el 70 por ciento de la actividad se hace sobre tierras arrendadas, y ese número mayoritario en los que están realizando las actividades sobre el suelo, no tienen acceso a ningún beneficio. Entonces, actualizar, incorporar el concepto amplio, cercano a lo que es la realidad y cercana a lo que es la importancia de la provincia como productora nos parece un momento muy importante, para que toda la comunidad santafesina sepa de este esfuerzo de todos ustedes”.
Por último, Perotti aseguró que estas medidas “son para nosotros una clara inversión y un resguardo de la estructura productiva santafesina, por lo cual me parece que es una buena oportunidad para que, en conjunto, podamos generar una actualización de estas herramientas”.
EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS
El proyecto de ley presentado busca derogar la ley de Emergencia Agropecuaria Nº 11.297, que está vigente desde 1995, ya que es una ley post evento y solo tiene como beneficiarios a los propietarios de la tierra con beneficios directos de prórroga o condonación del impuesto inmobiliario rural.
El nuevo proyecto se basa en un sistema que aborda todas las fases de la gestión de riesgos de emergencia y/o desastre agropecuario; y fue elaborado por el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, con el consenso de entidades intermedias del sector productivo, como SRA, Carsfe, Coninagro, FAA, Meprolsafe, AFA, las bolsas de Comercio de Santa Fe y Rosario, Aapresid, el Colegio de Médicos Veterinarios y Agrónomos, Inta y Senasa.
Los beneficios de la propuesta incluyen la condonación o prórrogas del Impuesto Inmobiliario Rural, e incorpora condonación o prórrogas de la patente de un vehículo afectado a la actividad agropecuaria.
Además, se prevé asistencia financiera para la realización de inversiones destinadas a la prevención de la ocurrencia de eventos adversos sobre la producción, a los fines de dotarlo de herramientas para disminuir la vulnerabilidad de los sistemas de producción; y para recomponer el capital de trabajo afectado durante la ocurrencia de eventos adversos; y, por último, el desarrollo y fomento en la adopción de coberturas para disminuir los riesgos de sequías e inundaciones, como así también el subsidio de primas de seguros agropecuarios destinado a pequeños y medianos productores que permitirá darle acceso a este tipo de herramientas.
Para llevar adelante estas políticas de prevención y reducción se va a constituir un fondo provincial, integrado con el 40% del Impuesto Inmobiliario Rural, luego de la coparticipación a municipios y comunas.
Sobre el proyecto, la secretaria de Agroalimentos de la provincia, María Eugenia Carrizo, remarcó algunos de los cambios que propone el proyecto, como el “considerar no solo como beneficiarios a los productores, propietarios de la tierra, sino también a los arrendatarios, lo que apunta a que el Estado acompañe a aquellos que invierten permanentemente en cada sistema de cultivo, a los que arriesgan, producen y generan trabajo y divisas”.
“Otro de los grandes cambios que contempla este proyecto es que es una ley postevento, es decir, si bien el Estado acompaña al sector una vez que sucede un fenómeno como una sequía o una inundación, proponemos que también lo haga con los productores que toman diferentes acciones a lo largo de cada ciclo productivo, tanto en la prevención y en la recomposición de trabajo, para contemplarlos con determinados beneficios”, añadió Carrizo.
Por último, el presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, Ignacio Mántaras, destacó que el proyecto “salda una vieja deuda que había con los productores. La ley actual está enfocada cuando ocurren los acontecimientos climáticos y es una herramienta anticuada. Las entidades con el gobierno de la provincia trabajamos en un nuevo marco normativo, que hace hincapié en la prevención de los riesgos, actuar y realizar acciones previendo los acontecimientos que van a ocurrir”.
“A su vez, haciendo focos más amplios, es un proyecto de ley que va a apuntar a modernizar las herramientas del Estado en cuestiones climáticas, que sabemos que Santa Fe es muy vulnerable, sobre todo en cuestiones hídricas. Esperamos que el trámite legislativo le de riqueza y salga una buena ley”, concluyó Mantaras.
PROMOCIÓN INDUSTRIAL
El objetivo fundamental del Nuevo Régimen de Promoción Industrial es priorizar a las Pymes industriales en las pautas de alcance, cuantificación y graduación de beneficios impositivos, favoreciendo a la redistribución del costo fiscal de la provincia.
Se busca, además, la atracción de inversiones y radicaciones de plantas fabriles en el territorio provincial, privilegiando la instalación en Parques y Áreas industriales, o en zonas de uso industrial reconocidas por ordenanzas comunales/municipales, volviendo a esquemas de desgravación máxima del 100% de exención de todos los impuestos provinciales durante 10 años.
Por otra parte, se tiende a la flexibilización y reducción de las barreras de entrada al régimen con el objeto de que más empresas puedan acceder al mismo, disminuyendo los parámetros mínimos establecidos para incremento de capacidad instalada o de aumento de mano de obra, y reconociendo como nuevas posibilidades de encuadramiento de inversiones realizadas para incorporación de procesos productivos más eficientes o desarrollos industriales que permitan obtener productos tecnológicamente mejorados y/o con mayor valor agregado; proyectos que fomenten un desarrollo sectorial o local de sustitución de importaciones; como así también aquellos que promuevan el desarrollo industrial sostenible orientado a la mejora del desempeño ambiental, la regeneración de recursos naturales y la mitigación del cambio climático.
Se plantean, además, incentivos adicionales para el desarrollo exportador de las Pymes, para las empresas que respeten la perspectiva de género tanto en la conducción como en niveles operativos, y para eliminar asimetrías en la distribución espacial, incentivos complementarios a las industrias radicadas o a radicarse en los departamentos del norte santafesino, reforzando el rol del Estado como promotor de un desarrollo socioeconómico equilibrado territorialmente.
El secretario de Industria de la provincia, Claudio Mossuz, explicó que “hoy tenemos una ley vigente de hace 30 años que necesita estar aggiornada y que permite que las empresas radicadas en la provincia puedan solicitar la exención de los impuestos provinciales, pero algunos de estos beneficios tenían algunas restricciones, lo que fue reduciendo la cantidad de industrias que pedían acceder a régimen de promoción industrial. Esto nos llevó a repensar y aplicar una mirada distinta sobre bajo qué condiciones debían acceder nuestras pymes a este régimen”, el cual “busca es acompañar y estimular todas las inversiones productivas del sector industrial”.
