Según trascendió en el ámbito tribunalicio, Caren Beltrame y los hermanos Benjamín y Lucas Beltrame, quienes fueron detenidos en septiembre de 2023, podrían ser condenados mediante un juicio abreviado por su presunta participación como coautores en una serie de estafas relacionadas con la oferta de alquiler de casaquintas inexistentes en la localidad de Arroyo Leyes.
La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por una de las víctimas afectadas por este engaño, revelando un entramado delictivo que involucra a los imputados en la creación de perfiles fraudulentos en Facebook para ofrecer propiedades que nunca existieron. Una vez que los interesados realizaban el pago de la seña, los estafadores cortaban todo tipo de comunicación, dejando a las víctimas sin posibilidad de recuperar su dinero.
Las autoridades llevaron a cabo una exhaustiva investigación, dividiéndola en dos líneas principales: las comunicaciones por internet y las transacciones económicas. A través de este proceso, se logró identificar a Caren Beltrame como la titular del servicio de internet utilizado para la creación de los perfiles fraudulentos, mientras que su hermano Lucas Beltrame figuraba como titular del servicio de telefonía empleado en estas estafas.
En relación a las cuentas de Mercado Pago utilizadas para perpetrar las transacciones fraudulentas, la investigación determinó que los imputados suplantaron las identidades de dos mujeres vulnerables, transfiriendo el dinero a cuentas propias y a terceros que posteriormente retiraban el efectivo. El rastro de las transacciones permitió a las autoridades identificar los dispositivos telefónicos utilizados y su ubicación, coincidiendo con la zona de residencia de los acusados.
El acuerdo abreviado alcanzado entre los fiscales y los abogados defensores contempla una condena de tres años de efectivo cumplimiento para Caren Beltrame y Benjamín Canónigo, mientras que Lucas Beltrame enfrentaría tres años de ejecución en suspenso. Además, se acordó una reparación económica a las víctimas mediante el decomiso de los bienes secuestrados durante la investigación. La legalidad de este acuerdo y la sentencia resultante serán evaluadas por el juez Patrizi.
