El Diputado Provincial Dionisio Scarpin presentó un proyecto de ley para declarar “el estado de Emergencia en la Infraestructura Vial en todo el territorio provincial por el plazo de un año”. La iniciativa busca entregar herramientas al gobierno provincial y al Ministerio de Obras Públicas para acelerar las obras y reparaciones en las rutas santafesinas.
Dionisio Scarpin, señaló que la red vial de la provincia cuenta con 720 kilómetros de rutas que se encuentran en grave deterioro “Estas rutas deterioradas afectan al sector productivo que tiene enormes pérdidas en la reparación de vehículos de transporte, pero también a los vecinos de las localidades donde las ambulancias y la policía no pueden llegar”, afirmó. En el mismo sentido, agregó que “Las rutas de nuestra provincia son de suma importancia para el desarrollo de nuestras comunidades, más aún después del cierre de la mayoría de las líneas ferroviarias”.
EL PROYECTO
La iniciativa otorga al Ministerio de Obras Públicas, en el marco de la Emergencia, las siguientes facultades: inspeccionar el estado de las rutas y las obras a ejecutar y elaborar un informe en 30 días, reorganizar aspectos funcionales y operativos del Ministerio, promover convenios con los municipios. y comunas que permitan una acción rápida para la reparación y mantenimiento de las rutas provinciales y promover convenios con Consorcios Camineros o cualquier otra organización civil establecida con el fin de mantener las rutas.
Además, faculta a la DPV para establecer mecanismos para la rápida organización y coordinación del uso de los recursos disponibles destinados a la construcción, mantenimiento y reparación de rutas provinciales, restablecer y garantizar el suministro de insumos necesarios para el cumplimiento del objeto de la ley, adquirir insumos, materiales, contratar servicios, recursos humanos, adquirir equipos y todo lo necesario para lograr una rápida intervención. y mejorar la señalización y las medidas de seguridad vial en todas las rutas provinciales.
El artículo cuarto habilita al Ministerio de Fomento a contratar directamente “con estricto apego al principio de transparencia y acreditando debidamente la razonabilidad del precio elegido”. Asimismo, los artículos quinto y sexto instan al Ejecutivo a reglamentar la ley dentro de los 30 días siguientes a su entrada en vigor y autorizar las modificaciones presupuestarias necesarias.
