Por: Gabriela Bruno, Secretaría de Inclusión de las Personas con Discapacidad del Partido Socialista
Es alarmante el claro ataque hacia el colectivo de personas con discapacidad. Es evidente que la caja de ANDIS les seduce y la necesitan para llevar adelante su plan de crueldad: que es acumulación de dinero para que los números les cierren a costa del hambre del pueblo.
Con este manto de sospecha que están haciendo, poniendo en tela de juicio todo y diciendo curiosamente que “solo el 7% cumplen con los requisitos establecidos” (fuente Infobae). Están diciendo con todas las letras -o números- el impacto del recorte, es decir 93% de las actuales PNC (pensión nacional no contributiva).
Al respecto, observo: ¿creen que el crecimiento en América Latina en estos últimos 20 años de este tipo de pensiones es casual? No, decididamente no, es un paliativo a la pobreza, las personas con y sin discapacidad necesitamos acceder al trabajo, a empleo, poder ganarnos nuestro sueldo con dignidad y no recibir una ayuda económica debiendo acreditar indigencia + incapacidad. Al día de hoy, y tal como lo dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y leyes de más de 40 años en Argentina, debemos acceder al trabajo, así como a los apoyos y accesibilidad necesaria para poder realizarlo.
En este avasallamiento de derechos no se avizora horizonte de trabajo, sólo se ve injusticia y pobreza extrema. Vuelve el modelo de prescindencia… quieren prescindir de nosotros/as!
Esto mismo ocurrió en el Gobierno de Macri… De la mano del recorte en pensiones está la reducción del Programa Incluir Salud, que es quien financia el derecho a acceder a centros de día, centros educativos terapéuticos, hogares, transporte, estimulación temprana, acompañantes terapéuticos, etc. a quienes cobran la pensión y que no tienen otra manera de resolverlo. Entonces esa gran caja que es hoy el Programa Incluir también sería tomada por ellos, ya que dicen que están mal otorgadas las pensiones… ¿Quién pasaría a cubrir todo eso? Las provincias… este desfinanciamiento recae directamente sobre los gobiernos provinciales, ya que los/as ciudadanos/as con discapacidad seguirán necesitando lo mismo que hoy y el gobierno nacional dice que es un curro…
ANDIS tiene además la gran caja de lo inherente a la “Ley de Cheques” (N° 25730) que son fondos para obras, transporte y equipamiento que «bajaba» a las organizaciones (públicas o privadas) que trabajan con personas con discapacidad, a través de programas muy bien instrumentados. ¿Y ese dinero dónde está? ¿Qué digan por favor cómo llegará a impactar en las personas con discapacidad? Ya que eran políticas directas en pos de mejorar la calidad de vida de las personas y son recursos destinados para ese fin.
