Quedaron en prisión preventiva las siete personas que son investigadas por estafas inmobiliarias cometidas en Arroyo Leyes, Sauce Viejo y la ciudad de Santa Fe entre 2014 y el mes pasado. La imputación realizada por la Fiscalía de Delitos Complejos atribuye a la presunta asociación ilícita haber montado una agencia inmobiliaria “AS” y “AS Servicios Inmobiliarias” a cargo del corredor Agustín Storni. Por medio de esa firma, ofrecieron lotes por cuentas de redes sociales que en su mayoría eran administradas por Lihuel Chacón.
La Fiscal del MPA, Bárbara Ilera, indicó que “El juez consideró acreditadas la materialidad de los hechos ilícitos y la probable participación de las personas investigadas, contempló las penas en expectativa y analizó los peligros procesales”. En cuanto al modo de ejecución de las preventivas, la fiscal informó que “a partir de lo que pedimos desde el MPA, se dispuso que seis hombres investigados continúen detenidos de forma ordinaria y que la séptima persona imputada –una mujer que está a cargo de cuidar a una familiar que posee una afección de salud–, lo haga bajo modalidad domiciliaria”.
NUEVAS DENUNCIAS
La fiscal Ilera afirmó que “En las últimas dos semanas, se radicaron alrededor de 40 denuncias que se están procesando para dilucidar si corresponden a la misma maniobra, lo cual en principio parece que sí”, y añadió que “si ello se confirma, se realizarán las ampliaciones imputativas correspondientes”.
“En total, estamos investigando casi 100 estafas por medio de las cuáles las personas investigadas se habrían apoderado de aproximadamente 1 millón de dólares”, especificó la fiscal. “El monto de las defraudaciones fue estimado a partir del cálculo actualizado por inflación del dinero que numerosas víctimas entregaron a los imputados con la intención de comprar inmuebles que ellos no estaban autorizados a ofertar, publicitar ni transferir”,
“La investigación comenzó en 2022, cuando solicitamos la colaboración del Organismo de Investigaciones (OI) en función de la magnitud de los ilícitos denunciados en ese primer momento”. Al respecto, valoró que “Bajo las directivas de la Fiscalía, el personal del OI tomó declaraciones; concretó allanamientos; recabó elementos de prueba documental; hizo tareas de campo; utilizó las figuras de agente revelador digital y físico, e indagó conexiones en expedientes civiles, entre otras diligencias que permitieron esclarecer lo sucedido”.
DOCUMENTACIÓN Y SELLOS FALSOS
La representante del MPA indicó que “Los imputados tenían un acuerdo para cometer delitos con el fin de simular que contaban con facultades para administrar y comercializar inmuebles de otras personas”, y remarcó que “los legítimos propietarios en realidad no habían autorizado esas operaciones”, y afirmó que “La banda delictiva falsificaba boletos de compraventa y cesiones de derechos”, y añadió que “insertaba declaraciones falsas en instrumentos privados y públicos, como otorgamiento de poderes”. Explicitó que “además utilizaban formularios y sellos apócrifos de organismos oficiales”.
“La documentación falsificada luego era presentada por los profesionales del derecho para iniciar juicios ordinarios o de escrituración ante los Juzgados Civiles y Comerciales de la ciudad de Santa Fe”. Al respecto, señaló que “lograron defraudar a diferentes magistrados que confiaron en la veracidad de los documentos y ordenaron sentencias que revistieron de legalidad las maniobras delictivas”.
En tanto, Ilera sostuvo que “los imputados ofrecieron a la venta una innumerable cantidad de lotes ajenos que publicitaron por distintos medios, fundamentalmente por perfiles con diferentes nombres de fantasía en redes sociales”.
“Las víctimas eran convocadas a los domicilios de la capital provincial en los que funcionaba la sede comercial: Seguí al 1.700; 4 de Enero al 1.000; boulevard Pellegrini al 2.800; Juan de Garay al 2.900; 9 de Julio al 1.200; Hipólito Irigoyen al 2.900, y una torre ubicada en la zona del Dique 2 del puerto”
“Cuando las personas interesadas en adquirir un terreno acudían a alguna de las oficinas indicadas, se les exhibían planos y documentos y se les ofrecían planes de pago y financiaciones competitivas en el mercado para convencerlas sobre la conveniencia y licitud del negocio”, destacó la representante del MPA.
