El exjefe de la Zona VIII (Vera) de la Dirección Provincial de Vialidad, Luis Alberto Tallarico, fue condenado como autor de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Tiene 65 años y recibió una pena a un año y dos meses de prisión condicional. Además, fue inhabilitado para el ejercicio de la función pública por dos años y cuatro meses. El fiscal que representó al MPA en el debate es Sebastián Marichal
Sebastián Marichal sostuvo que “Entre al menos 2014 y hasta 2018, Tallarico incumplió sus deberes de funcionario público al no respetar la normativa vigente para la realización de compras para la Zona VIII de Vialidad Provincial”.
“Como jefe de la repartición, el condenado permitía que el personal que estaba a cargo de la adquisición de bienes para la dependencia maneje con total autonomía y absoluta libertad la emisión de los comprobantes que habilitaban las operaciones que se hacían tanto en comercios verenses como de otras localidades de la provincia”.
“Entre otras irregularidades, se verificó que los formularios de solicitud de compras no eran firmados por quien pedía la transacción, sino que se acordaban los términos verbalmente, luego los completaba un agente de Vialidad y, una vez hecha la compra, se descartaba el documento”, describió el fiscal. “También, se prescindía de constancias de recepción de elementos que son inventariables”, agregó.
“Por orden de Tallarico, se instaba a los proveedores a emitir facturas por montos superiores a los de los bienes que efectivamente se adquirían”, y puntualizó que “Por otro lado, se hacían pagos mediante recibos informales o sin que se firme nada”.
En tanto, el fiscal precisó que “En 2016 la Dirección Provincial de Vialidad hizo una auditoría y, como resultado, se le solicitó al condenado adecuar los procedimientos de compras”. No obstante, subrayó que “En 2017 la dependencia pública hizo un nuevo relevamiento y constató que, en lugar de mejorar, la situación había empeorado”.
DELITOS
Tallarico fue condenado como autor de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por otro lado, en función de la extinción de la acción penal por prescripción, el exfuncionario de la Dirección Provincial de Vialidad fue sobreseído en relación a la malversación de caudales públicos por la que fue investigado penalmente. A su vez, fue absuelto por la autoría de fraude en perjuicio de la administración pública que se le había atribuido.
