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El Microtráfico de Drogas Fue Fuertemente Combatido en la Costa Santafesina Durante Este 2024. Balance

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) dio a conocer un informe que destaca los importantes avances logrados en la lucha contra el microtráfico de drogas. Este logro es parte de la implementación de la Ley Provincial Nº 14.239, que desde diciembre de 2023 permite la desfederalización parcial en materia de estupefacientes, dando al MPA la responsabilidad directa sobre estas investigaciones. En la Costa Santafesina los procedimientos coordinados han resultado en el desmantelamiento de múltiples “kioskos” de venta de drogas, lugares que representaban focos de inseguridad y violencia y la detención de “famosos” vendedores de drogas.

Según el informe dado a conocer por el Ministerio Público de la Acusación, MPA, en el primer año de aplicación de la ley, se llevaron a cabo 900 audiencias en toda la provincia relacionadas con la comercialización de estupefacientes, y más de 45 búnkeres fueron desactivados o demolidos, recuperando espacios públicos para la comunidad.

La Fiscal General, María Cecilia Vranicich, subrayó la importancia de abordar el microtráfico como un objetivo prioritario debido a su vínculo con la violencia extrema y su impacto negativo en la calidad de vida de los ciudadanos. “El derribo de estos puntos de venta no solo tiene un valor simbólico, sino que también permite pacificar barrios y devolver la tranquilidad a los vecinos”, afirmó.

El equipo del MPA, encabezado por la Fiscal Coordinadora Carla Cerliani e integrado por fiscales y especialistas en investigación criminal, trabaja de manera articulada con las Fiscalías Regionales y diversas instituciones del Estado. Este enfoque integral ha permitido investigar el fenómeno criminal de manera más eficiente, logrando resultados contundentes: más de 5.700 personas fueron investigadas, 833 imputadas y 100 condenadas.

El informe también destacó que el objetivo no es criminalizar a personas en situación de vulnerabilidad, sino desarticular las estructuras que promueven la violencia y el tráfico ilícito de sustancias. La colaboración con fiscales federales y organismos locales ha sido clave para evitar duplicidades en las investigaciones y mejorar la eficacia de las acciones.

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