La justicia en Reconquista atraviesa una crisis de credibilidad sin precedentes. El enfrentamiento entre jueces y fiscales, latente desde hace tiempo, estalló en el marco de una causa judicial contra el abogado Ricardo Demoumois, condenado en primera instancia por abuso sexual a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer como abogado. Los episodios que siguieron exponen la fragilidad institucional y la preocupante injerencia del poder político.
Durante el juicio oral contra Demoumois, la madre de la presunta víctima, que era testigo de la defensa, denunció en pleno tribunal haber sido extorsionada para favorecer al acusado. Señaló como responsables al propio Demoumois y a otros tres abogados. Los fiscales del caso actuaron de inmediato: ordenaron la detención de los involucrados y solicitaron allanamientos en sus estudios, domicilios y vehículos. Este operativo desencadenó tensiones que venían acumulándose entre las partes.
IMPERICIA, NEGLIGENCIA DEL MPA
El juez Santiago Banegas, quien autorizó los allanamientos, criticó cómo los fiscales ejecutaron las medidas y utilizó un tono ofensivo al advertirles sobre la importancia de respetar las garantías constitucionales, calificándolos de “pelotudos”. Esto provocó que los fiscales Alejandra del Río Ayala y Valentín Hereñú lo recusaran por falta de imparcialidad. Aunque Banegas reconoció su lenguaje inapropiado, rechazó la recusación y permaneció en la causa tras ser ratificado por un tribunal revisor.
PRESIONES
En medio de la audiencia imputativa, Banegas reveló haber sido amenazado para que se apartara de la causa. Aunque inicialmente evitó dar nombres, luego indicó que el fiscal regional Rubén Martínez habría enviado el mensaje a través del juez Gonzalo Basualdo. Según Banegas, Martínez habría dicho que si no se retiraba del caso, “no podría trabajar más en Santa Fe” y debería buscar empleo en otras provincias. Este hecho motivó una reunión de los jueces penales de la circunscripción, quienes intentaron informar la situación a la Corte Suprema sin éxito.
INFLUENCIAS POLÍTICAS
Mientras tanto, Banegas enfrentó una acusación formal de parte del fiscal Martínez, quien lo señaló por “falta de templanza” y por permitir demoras en la causa contra Demoumois. En su defensa, Banegas refutó los cargos y acusó a Martínez de respaldarse en influencias políticas, además de insinuar errores ortográficos en la denuncia presentada en su contra. Por otro lado, una nueva denuncia penal ingresó contra los fiscales por presunta coacción hacia Banegas, acusándolos de amenazar con destituirlo si no se apartaba del caso.
CONSECUENCIAS
El auditor general del MPA elevó el caso a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura provincial, que deberá decidir si toma intervención tras el receso de enero. La gravedad del caso radica en dos escenarios: si las denuncias de Banegas son ciertas, se trataría de una intromisión política intolerable; si son falsas, el sistema judicial también quedaría severamente dañado.
REFLEXIÓN FINAL
Este conflicto exhibe la fragilidad de la justicia en el norte santafesino y evidencia cómo las rencillas internas y la supuesta ingerencia política pueden afectar su imparcialidad y funcionamiento. Resolver esta situación es clave para restaurar la confianza en el sistema judicial y proteger su independencia.
