La venta irregular de terrenos pertenecientes a la Municipalidad de San José del Rincón ha generado preocupación y alarma en la comunidad y en el Concejo Municipal de esta localidad. Según denuncias recibidas, la transacción de varios lotes municipales, que se iban a vender mediante remate público, no cumplió con las exigencias legales necesarias, lo que ha puesto en duda la transparencia del proceso. Lo más alarmante es que el único oferente en la subasta fue una funcionaria municipal, lo que abre la puerta a sospechas de posibles favoritismos y corrupción.
El proceso de remate público, que debe ser llevado a cabo con estricta observancia de la ley, requiere de la participación de un Martillero Público habilitado, quien tiene la responsabilidad de garantizar la transparencia y legalidad del acto. Entre las funciones del martillero, se encuentran: la venta en remate de bienes municipales, la obtención de informes necesarios de las autoridades competentes, y la supervisión del desarrollo adecuado del remate. Esto tiene como objetivo evitar cualquier tipo de fraude o irregularidad, tanto de parte de los particulares como de los organismos públicos involucrados.
Para que un remate público sea válido, debe seguir un procedimiento legal que incluye:
- Convocatoria pública: El proceso debe ser anunciado de forma pública.
- Registro de interesados: Los participantes deben registrarse formalmente.
- Recepción de ofertas: Se deben recibir y registrar todas las ofertas.
- Adjudicación del bien: La venta se realiza de acuerdo con la mejor oferta.
- Escrituración y entrega: El bien debe ser formalmente escriturado y entregado.
- Comisión del subastador: El martillero público tiene derecho a una comisión por sus servicios.
- Honorarios del notario: Se deben abonar los honorarios del notario que formaliza el acto.
- Gastos administrativos: Los gastos derivados del proceso deben ser detallados.
Sin embargo, en el caso de San José del Rincón, según las denuncias, no se cumplió con ninguna de estas etapas. No se realizó la convocatoria pública correspondiente, no hubo un martillero público habilitado para llevar a cabo el remate, y lo que es aún más grave, el único oferente en el proceso fue una funcionaria del propio municipio, lo que genera serias dudas sobre la transparencia del procedimiento.
Esta situación ha provocado una fuerte reacción entre los concejales de la ciudad, quienes han solicitado una investigación a fondo sobre la legalidad del remate. Asimismo, se ha planteado la posibilidad de una intervención del Colegio de Martilleros Públicos de la Provincia de Santa Fe para esclarecer si se vulneraron las normativas que regulan este tipo de procedimientos.
En este contexto, queda abierta la interrogante: ¿Estamos ante un caso de corrupción dentro de la administración municipal, o se trata simplemente de un desconocimiento de la ley por parte de quienes gestionaron el remate? En cualquier caso, es urgente una aclaración por parte de las autoridades para restablecer la confianza de los ciudadanos en los procesos administrativos y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
