La comunidad de la Ciudad de Reconquista vive momentos de incertidumbre debido a la situación económica de la empresa Vicentín SAIC y su impacto en las fuentes de trabajo locales. La compañía, que durante décadas fue un pilar en la economía regional, enfrenta un complejo proceso judicial por presunta estafa y administración fraudulenta. La detención por parte de Gendarmería Nacional de Daniel Buyatti, y Roberto Gazze, profundizó este estado de angustia colectivo.
Días atrás Gendarmería Nacional realizó operativos en la ciudad por orden de los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, quienes investigan a la firma por maniobras económicas irregulares. Como resultado, fueron detenidos el expresidente de la empresa, Daniel Buyatti, un exgerente, Roberto Gazze, otro expresidente, Omar Scarel, y el contador Alberto Julián Macua.
Las detenciones se produjeron a partir de una denuncia presentada por acreedores privados que no aceptaron el plan de pagos propuesto por la empresa para evitar la quiebra. La investigación se centra en el período 2017-2020, donde se habrían detectado maniobras para ocultar activos y evitar el impacto de posibles sanciones económicas.
Entre las pruebas recolectadas, los fiscales sostienen que Buyatti y su esposa, Geraldín Vicentín, tenían una cuenta en Suiza con 450.000 dólares, los cuales fueron transferidos a sus hijos como donación en 2020. Se sospecha que esta operación tenía como objetivo eludir futuras consecuencias legales. En el caso de Gazze, se detectaron transferencias de grandes sumas a bancos extranjeros y la creación de empresas a nombre de sus hijos para ocultar bienes.
EL PROCESO JUDICIAL
El proceso judicial sigue avanzando y en diciembre de 2023 los fiscales solicitaron la apertura del juicio. También pidieron penas de prisión para varios directivos y exdirectivos de la empresa, con condenas que van desde los 8 hasta los 17 años, dependiendo del grado de responsabilidad. Entre los imputados se encuentran figuras clave como Buyatti, Macua, Scarel y los hermanos Padoan, entre otros. Asimismo, se solicitaron penas para socios de la consultora KPMG y los síndicos que auditaban los balances de la empresa.
La comunidad de Reconquista sigue atenta a la evolución del caso, preocupada no solo por las consecuencias legales, sino también por el impacto económico y social que podría generar la situación de Vicentín en la región.
