La crisis que atraviesa la empresa agroindustrial Vicentin SAIC se ha tornado crítica y mantiene en vilo a las localidades santafesinas de Avellaneda y Reconquista, donde buena parte de la población depende directa o indirectamente de su actividad. Ahogada por una deuda multimillonaria, sin recursos para operar ni abonar salarios, y envuelta en un nuevo escándalo judicial, la histórica firma santafesina parece encaminarse de manera irremediable hacia la quiebra.
El cierre repentino de sus plantas en Ricardone y Avellaneda, anunciado el último fin de semana, agravó aún más el panorama. La empresa justificó la decisión en la falta de granos para moler y en el parate casi total de su circuito productivo. Sin embargo, puertas adentro se reconoce la creciente desconfianza de proveedores y clientes, en el marco de una compleja intervención judicial que tiene a sus ex directivos bajo la lupa por presunta estafa y asociación ilícita.
En un comunicado oficial, Vicentin admitió que no podrá abonar los salarios correspondientes a marzo y atribuyó esta imposibilidad a “la incertidumbre generada por decisiones judiciales recientes” que, aseguran, han paralizado la llegada de suministros esenciales para el funcionamiento de sus plantas.
Esta medida pone en riesgo directo a 1.000 trabajadores y a más de 3.000 empleos indirectos, generando un fuerte impacto en la economía local. Comercios, proveedores y familias enteras ven con alarma cómo el corte en la cadena de pagos comienza a replicarse en cascada, afectando a múltiples sectores en Avellaneda y Reconquista.
LOS TRABAJADORES
Frente a esta situación, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) se declararon en estado de alerta y movilización. Según trascendió, se evalúa la posibilidad de convocar a una medida de fuerza nacional que paralizaría a toda la industria aceitera, en solidaridad con los trabajadores afectados y ante el temor de que el caso Vicentin siente un precedente negativo para el sector.
LA JUSTICIA
Mientras tanto, la intervención judicial continúa avanzando. A la millonaria deuda post-concursal, que supera los $5.000 millones, se suma ahora la causa penal contra Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti, ex directivos de la empresa. Los fiscales los acusan de utilizar fondos de la compañía para fines personales, incluyendo el pago de honorarios de abogados y viajes en aviones privados pertenecientes a la cerealera.
La comunidad del norte santafesino observa con angustia el desarrollo de los acontecimientos. “Vicentin no es sólo una empresa, es parte de nuestra identidad. Pero hoy estamos viendo cómo se desmorona todo. Y si cae, caemos todos”, expresó un comerciante de Reconquista.
